vie. Dic 6, 2019

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Tras alcanzar la primer mitad de la “Década de Acción por la Seguridad Vial” en nuestro país, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, las normativas que este plan incluye están aún lejos de cumplirse, pues no se ha alcanzado una reducción importante en las fatalidades por accidentes viales.

Los objetivos de la “Década de Acción por la Seguridad Víal” contemplan disminuir al 50 por ciento las fatalidades por percances viales y el máximo posible en lesiones y discapacidades, y dio inicio en el año 2011, previendo terminar en el 2020 con buenos resultados. La medida fue adoptada a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, realizada por las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes.

En el 2010, nuestro país alcanzó una cifra de 14 mil 28 muertes relacionadas con percances automovilísticos, aumentando a 16 mil 615 en el 2011, motivo por el que se decidió tomar acciones para evitar seguir aumentando esta cifra, con una meta de 9806 defunciones para el año 2020.

Lamentablemente esta cifra se encuentra lejos de llegar a su objetivo, ya que el año pasado se estuvo a punto de alcanzar 20 mil  defunciones, y de seguir con este ritmo, se terminará el programa con un acumulado de 52 mil 836 muertes acumuladas en vez de las nueve mil 806 al año.

Una de las acciones a implementar en la Década de Acción por la Seguridad Víal es fomentar el uso de automóviles más seguros, incorporando normas de seguridad desarrolladas en el Foro Mundial de ONU para la Armonización de Reglamentos sobre Vehículos.

Al respecto, esta semana se dio a conocer la norma NOM-194-SCFI-2015, encargada de regular los dispositivos de seguridad en automóviles nuevos, y pese a que ofrece como referencias de conformidad las regulaciones recomendadas del foro WP29, se debilita al incluir distintas versiones de normas en Brasil, Japón, Corea y Estados Unidos, sin incluir mejores prácticas internacionales.

Por este motivo,  la organización El Poder del Consumidor denuncia que esta norma protege el mercado automotriz y permite que otros países introduzcan al mercado mexicano automóviles inseguros, sin Frenos ABS y sin prueba de impacto frontal, los cuales se suman a los vehículos manufacturados en el país y que no se exportan, poniendo en grave riesgo la vida de los conductores y peatones en caso de ocurrir un accidente.

Uno de los ejemplos que muestran es Estados Unidos, donde nueve modelos del año 2011 tienen cero muertes asociadas, mientras que en México, algunas versiones del Tsuru, sugieren que pudo haber provocado más de cuatro mil defunciones en el período 2007-2012, según el organismo.

Finalmente, El Poder del Consumidor hace un llamado a las industrias automotrices y a los distintos niveles de gobierno para que implementen medidas que resulten eficaces y garanticen la seguridad de los ciudadanos.