El Decreto firmado por el presidente Vicente Fox Quesada, y los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y el secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, provocó inconformidad, molestia y reacciones en el sector automotriz.
Y aunque ya se esperaba no dejó de provocar sorpresa, sobre todo, si se toma en cuenta que el inicio de la apertura para los automóviles usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, según el TLCAN, estaba programada para el primero de enero del año 2009.
La decisión desató una guerra de baja intensidad entre funcionarios del gobierno federal y representantes del sector automotriz y del autotransporte. Y es que no fue para menos ya que en marzo, ante la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), y luego, en julio, durante la clausura de Congreso Internacional de la Industria Automotriz Mexicana (CIIAM), el presidente Vicente Fox fue muy puntual al afirmar que en México no había posibilidades de “legalizar lo ilegal”.
La misma Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJD) resolvió que todos aquellos poseedores de “autos chocolate” podrían ser detenidos ya que ante la ley son considerados “contrabandistas”.
El mismo Gil Díaz declaró ante un canal de televisión que en México no existe una policía capaz de detener a tantos ilegales por lo tanto era mejor tomar medidas al respecto.
Expertos constitucionalistas cuestionaron la legalidad del Decreto pues afirman que el Ejecutivo federal no tiene las facultades para “legalizar lo ilegal”. Sin embargo el Primer Mandatario justificó la medida diciendo que se trataba de “ganar, ganar, ganar”. El presidente Fox declaró a los medios que “no se trata de documentar la ilegalidad, para nada. Se va a pagar un derecho y un impuesto por cada automóvil y ese ingreso va a quedar en los gobiernos estatales”. Si este fuera el caso, todos los delincuentes podría pedir que se les aplicara una tasa impositiva para legalizar su fechorías: asalto a casa habitación 10 por ciento; asalto a transeúntes 2 por ciento, secuestro express 20 por ciento, etc.
Su vocero, Rubén Aguilar, aseguró que la legalización de autos chocolates no tiene dedicatoria clientelar, política o electoral”, y agregó que sólo se trata de una medida que resuelve de fondo lo que antes sólo había tenido paliativos en beneficio de grupos corporativistas.
Para los partidos políticos la regularización de los “autos chuecos” es oro molido pues es indiscutible que si representan más de dos millones de votos, aunque se diga lo contrario. El palo no se lo esperaban ya que el ejecutivo se adelantó no al 2009 sino a septiembre del 2005 cuando se esperaba que los legisladores presentaran un proyecto de ley para otorgar “carta de naturalización” a más de 2.5 millones de “chocolates”.
Una de las declaraciones más serias y responsables fue la de César Flores Esquivel, presidente ejecutivo de AMIA, quien señaló que “nosotros lo que queremos hacer es que nos hagan caso de las propuestas que hemos hecho para enfrentar la apertura y el fenómeno de los autos ilegales que está fundamentado en un paquete de controles, en un paquete de inspección y vigilancia y en un paquete que sirve para impulsar el mercado interno”.
Mientras tanto la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), estudia la posibilidad de presentar un amparo contra el decreto, al mismo tiempo que pretenden demostrar su inconstitucionalidad ya que “pasa por encima de la jurisprudencia” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras reacciones y como medida de protesta los distribuidores de autos llevarán a cabo paros escalonados en las agencias de autos de una a dos horas para no perjudicar el servicio a los clientes.
Para la Asociación Nacional de Comerciantes de Autos Usados (ANCA) no tiene mayor repercusión ya que ellos sólo comercializan vehículos con una antigüedad de seis años.
Tal vez con esta medida se reduzca más el índice de pobreza en México pues va dedicado a quienes menos tienen como lo puntualizan los considerandos del mismo Decreto: “… con el objeto de ordenar el mercado de automóviles usados, y que con ello se propicie su adquisición por personas de escasa capacidad económica, se considera conveniente reducir la protección arancelaria y eliminar parcialmente las restricciones no arancelarias para la importación de automóviles usados, a fin de que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se pueda efectuar la importación de automóviles usados que sean originarios de Estados Unidos de América y Canadá, cuyo año-modelo sea de entre diez y quince años, anteriores al año de la importación, lo que permitirá que se adquieran automóviles usados a precios razonables con plena seguridad jurídica”.