La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) respaldó las observaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a Norma Leticia Salazar, Presidenta Municipal de Matamoros, Tamaulipas y Luis Alfredo Biasi, Secretario de Desarrollo y Bienestar Social del mismo Ayuntamiento, derivadas de una investigación por promover y facilitar instalaciones para la ejecución del “Programa de legalización de vehículos a bajo costo”.
Guillermo Rosales, vocero de la AMDA, afirmó: “La Prodecon realizó un par de observaciones a las autoridades de Matamoros, la primera por promover un esquema para facilitar la legalización de sus unidades basados en amparos a suspensiones y sentencias del Poder Judicial Federal que no tienen carácter de definitivas y, la segunda, por asegurar la internación definitiva de estos vehículos cuando se trata de una acción exclusiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
La promesa del Ayuntamiento de Matamoros se promovió basada en los amparos que jueces fronterizos brindaron a empresas y ciudadanos para la importación a México de unidades usadas extranjeras sin cumplir con la totalidad de los requisitos e impuestos, de las cuales cuatro suspensiones ya se han disuelto y el resto se encuentra bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras que la decisión final para internar y definir los impuestos a pagar para la legalización definitiva de una unidad extranjeras es facultad del SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no de municipios ni Estados.
Por ello, y basados en las observaciones de la Prodecon, la AMDA invitó a las autoridades de Matamoros a conducirse dentro de la legalidad y cumplir con la solicitud del organismo defensor de los derechos de los contribuyentes, que les instruyó a informar a sus gobernados que el trámite y pago que hagan a comercializadoras privadas no son garantía para la legalización de los vehículos, pues carecen de facultades para llevarlas a cabo.
Así, el Ombusdman de los Contribuyentes instruyó a Norma Leticia Salazar y Luis Alfredo Biasi para que un plazo máximo de 10 días hábiles manifiesten si aceptan o no cumplir con sus observaciones, absteniéndose de difundir programas cuya validez no depende del gobierno municipal, sino de autoridades fiscales y aduaneras.
“Esto en aras de darle certeza jurídica a los interesados e impulsar la defensa de los derechos de los contribuyentes”, puntualizó Rosales.
Hasta junio de 2014, la importación de unidades usadas extranjeras alcanzó las 45 mil 241 unidades, lo que representó el 54.8 por ciento del total de ventas de vehículos nuevos en el mismo lapso, según cifras de la AMDA.