La Electro Movilidad Asociación (EMA) advirtió que aumentar los costos de acceso a los vehículos eléctricos (VE) sería un retroceso para el país en materia ambiental y económica. La organización señaló que este tipo de medidas pondrían en riesgo la calidad del aire y la reducción de emisiones.
El pronunciamiento surge luego de que el gobierno mexicano planteara aplicar aranceles a productos de países con los que no existen acuerdos de libre comercio, lo que incluye a los VE. Ante ello, la EMA alertó que encarecer estas tecnologías por su origen podría frenar la adopción y limitar la competitividad del mercado.
La asociación recordó que México cuenta hoy con más de 100 modelos de VE y más de 50 híbridos conectables (PHEV) en el mercado, cada vez más accesibles. Asimismo, una parte importante de estos vehículos proviene de China, uno de los países a los que se pretende aplicar gravámenes.
Por otro lado, estudios del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) muestran que entre 2021 y 2024 los precios de VE y PHEV bajaron 37% y 35%, respectivamente, mientras los de combustión interna subieron 24%. Aplicar aranceles, advirtió, elevaría indirectamente el precio de todos los autos al reducir la competencia.
Incrementar los costos de acceso a los vehículos eléctricos significaría un retroceso en el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales. No sólo se trata de compromisos ambientales, también de una oportunidad histórica en términos de salud, competitividad y desarrollo económico”, afirmó Eugenio Grandio, Presidente de la EMA.
Beneficios al medio ambiente
La Asociación también destacó que los VE no solo ayudan a la economía familiar con menores costos de operación y mantenimiento, sino que generan beneficios colectivos al reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas. Solo en el primer semestre de 2025, las ventas de vehículos de bajas emisiones crecieron 40% y evitarán la emisión de 23,735 toneladas de CO₂ en un año.
La infraestructura también avanza: ya existen más de 51,800 puntos de recarga pública y privada, 15% más que en 2024, lo que refleja el interés del mercado y la llegada de nuevas inversiones.
En lugar de restricciones, la EMA pidió al gobierno promover incentivos fiscales, deducciones a la inversión en cargadores, electrificación de flotas y regulaciones más estrictas de eficiencia.
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