Cada vez más países impulsan políticas públicas para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, sin embargo, en este período surgió un nuevo desafío ¿Qué hacer con las baterías de esas unidades al final de su vida útil?
Al menos en México no hay una política ambiental que impulse la reutilización y reciclaje de las baterías de litio. “La infraestructura para el reciclaje es incipiente, lo que plantea riesgos ambientales y económicos a mediano y largo plazo”, señalaron VEMO y REMSA (Recicla Electrónicos México).
A través de un análisis denominado “Gestión de baterías de vehículos eléctricos en América Latina”, explicaron que el litio es un mineral estratégico para la transición energética. Por ello, resulta fundamental maximizar su aprovechamiento a lo largo de todo el ciclo de vida de las baterías.
El documento identifica tres estrategias principales: la segunda vida, el reciclaje y la disposición final controlada.
La segunda vida de las baterías permite aprovechar aquellas que aún conservan capacidad para su uso en sistemas de almacenamiento estacionario de energía.
Mientras que el permitiría recuperar materiales valiosos como litio, cobalto o níquel, reincorporándolos a la cadena de suministro y reduciendo la presión sobre la extracción de recursos naturales. Finalmente, los materiales no recuperables deben recibir un manejo ambientalmente seguro.
En México, las baterías de litio están clasificadas como residuos de manejo especial en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la NOM-161-SEMARNAT-2011, que contempla planes de manejo voluntarios, aunque sin sanciones directas por incumplimiento.
En 2022, el gobierno federal reconoció el desafío emergente de las baterías de litio usadas dentro del Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Residuos Especiales. A su vez, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica establece la meta de alcanzar un 10 % de ventas de vehículos eléctricos para 2030 y una electrificación total al 2050, junto con el desarrollo de un marco normativo robusto.
VEMO y REMSA advierten que la falta de capacidad local podría obligar a exportar baterías para su reciclaje, elevando costos logísticos y la huella de carbono del proceso.