Más de 1.2 millones de autos usados extranjeros se sumarán al parque vehicular en 2022

Este año se regularizarán más vehículos usados que los que se venderán nuevos

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Durante 2022, más de un millón 200 mil autos usados extranjeros se sumarán al parque vehicular mexicano. Esto, en gran medida, es debido a que no se ha podido frenar el contrabando vehicular en la frontera norte.

Dicha cifra superará ampliamente al número estimado de unidades nuevas que se venderán en el mismo periodo: un millón 60 mil.

En conferencia de prensa conjunta con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA), Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), lamentó la inacción por parte del gobierno federal para detener la llegada ilegal de autos usados extranjeros.

“No hay ningún avance en la relación de la distribución automotor con el gobierno federal sobre este tema, las oficinas tanto de la Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Registro Público Vehicular, Gobernación y de Economía han prevalecido cerradas para el planteamiento formal que ha realizado la Industria Automotriz representadas por AMDA, AMIA, ANPACT e INA”, indicó.

Presentarán amparo contra la cancelación de la NOM 236

En relación al anuncio de la cancelación de la aplicación de la NOM 236, sobre las condiciones físicas-mecánicas de los vehículos en circulación, afirmó que esta decisión es un retroceso para reducir los accidentes viales, además de que posterga la actualización del parque vehicular.

“Más allá de la observación de posibles vicios en cuanto al procedimiento que se llevó a cabo para cancelar tal NOM, las consecuencias son muy negativas para la convivencia, la seguridad y sobre todo para disminuir los riesgos de accidentes”, señaló.

Asimismo, apuntó que la decisión va en contra de los objetivos planteados en Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que actualmente se encuentra en proceso de armonización en todo el país.

“En AMDA estamos de inmediato haciendo la valoración jurídica de todos los antecedentes de su cancelación porque consideramos que no podemos quedarnos solamente con la declaratoria de inconformidad, sino que tenemos que hacer valer los recursos que la justicia federal ofrece para proceder con un amparo en consecuencia”, adelantó.

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