Como resultado de la defensa legal por parte del Gobierno Federal ante las impugnaciones en contra del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y otras disposiciones legales relativas a la materia, se avanza hacia una resolución definitiva a favor de la seguridad de los mexicanos y la protección del medio ambiente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y las regulaciones en materia ambiental aplicables a la importación de este tipo de vehículos son constitucionales.
Desde 2011, algunos importadores promovieron amparos para importar vehículos usados sin cumplir la regulación que garantice las buenas condiciones de las unidades y el cumplimiento de los requisitos para recibir el beneficio arancelario previsto en tratados comerciales.
Las resoluciones de la SCJN orientarán el criterio conforme al cual deberán resolverse los diversos juicios de amparo que se encuentran pendientes de sentencia, lo que beneficiará al importador de buena fe, quien tendrá certidumbre jurídica ya que la regulación establecida en el Decreto de Vehículos Usados sobre los requisitos que deben cumplir los certificados de origen les permitirá obtener el trato preferencial previsto en los tratados comerciales de los que México es parte.
Con estas resoluciones de la SCJN, también se fortalecen las acciones del gobierno para proteger el medio ambiente de las altas emisiones contaminantes que generan los vehículos importados usados en malas condiciones de mantenimiento o con tecnologías obsoletas.
Ello no afecta el libre comercio establecido en el TLCAN, ya que los países miembros de la región acordaron que podrían restringir la importación de aquellas mercancías que de manera justificada y comprobada científicamente, pueden causar un daño ecológico.
Asimismo, se consolidan las distintas regulaciones del Gobierno federal para garantizar que los vehículos nuevos y en circulación, sean de fabricación nacional o importados, no generen riesgos a la integridad de las personas, ni pongan en riesgo la sustentabilidad ambiental en beneficio de la toda la sociedad.