Protesta AMDA contra importación de autos usados

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José Gómez Báez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), informó que a partir de esta semana, las empresas formales del sector automotor llevarán a cabo un conjunto de plantones y protestas ante el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas manifestaciones tienen como propósito recordarles el peso de esta actividad en la economía nacional, explicarles la situación tan delicada por la que atraviesa y los efectos devastadores que puede representar abrir nuevamente la importación de unidades usadas, con una regulación flexible.

Asimismo anunció que AMDA está invitando a todas las empresas fabricantes de autopartes, a las compañías terminales y a una serie de sectores vinculados con esta cadena productiva, para que se sumen a las movilizaciones.

“Es sumamente lamentable que algunos legisladores respondan y actúen sólo a base de manifestaciones de inconformidad, de plantones y movilizaciones, sin analizar los planteamientos a profundidad, sin considerar todas las aristas de un problema”, señaló el presidente de AMDA, al referirse a la postura de ciertos legisladores que han venido exhortando al Ejecutivo Federal para que flexibilice y abarate la importación de automotores usados de los Estados Unidos de América.

También afirmó que “con los puntos de acuerdo aprobados en el

Congreso de la Unión, algunos legisladores fomentan ‘la vuelta al pasado’, el retorno a la importación masiva de unidades usadas; auspician la informalidad; afectan al sector automotor mexicano y alientan la subvaluación de los vehículos y, por lo tanto, impulsan deliberadamente una menor recaudación fiscal”.

Legisladores como César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, promueven la supresión del requisito del ‘certificado de origen`, documento que el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece como el instrumento para acreditar que el vehículo posee el grado de integración regional para recibir el trato arancelario preferencial, y con el cual se garantiza que no se internen al país, sin el pago de aranceles, unidades de otras zonas del mundo con las que México no tiene suscritos acuerdos o tratados comerciales, agregó el dirigente de las agencias automotrices.

Explicó que es inadmisible la propuesta del punto de acuerdo que llevó a la tribuna legislativa el diputado Duarte, para sustituir el ‘certificado de origen’ por el llamado NIV (Número de Identificación Vehicular), pues este último, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-131- SCFI-2004, sólo proporciona información de la empresa ensambladora y del país en el que se llevó a cabo el ensamble y de ninguna forma es factible conocer el origen de los componentes que integran el vehículo y por ende utilizarlo en sustitución del certificado de origen.

Por otro lado, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por el presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, Gustavo E. Madero, se han pronunciado en el sentido de que el Ejecutivo Federal emita las disposiciones para “…descontar un 70 por ciento los precios estimados para la importación definitiva de vehículos usados…”, lo cual parece poco congruente con los propósitos expuestos por muchos de estos representantes, sobre todo los pertenecientes, ahora o en el pasado reciente, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en el sentido de incrementar urgentemente la recaudación fiscal, bajo criterios de equidad y proporcionalidad, dijo Gómez Báez.

Senadores del PAN han solicitado esta disminución en el monto de los “precios estimados”, que sirven de referencia para calcular los impuestos a cubrirse, a pesar de que en el punto de acuerdo que presentaron admiten que el anexo correspondientes de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo Federal “… refleja los precios que en promedio se observan en las transacciones de mercado en Estados Unidos”. “No son precios arbitrarios o discrecionales fijados por la autoridad hacendaria”, comentó Gómez Báez.

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