| Contrabando y políticas deficientes |
 La regularización de los “autos chocolate”, la falta de crédito, la ausencia de un marco jurídico para regular las relaciones entre los fabricantes y los distribuidores, la política fiscal restrictiva en perjuicio del sector, son algunos de los problemas que aquejan a la red de concesionarios en México. |
Como resultado del contrabando y de las políticas de regularización existen en el país entre 2 y 2.5 millones de vehículos ilegales, cifra que podría llegar a los 4 millones, lo que representaría el 24 por ciento de los 17 millones que conforman el parque vehicular que circula en todo el territorio nacional.
Andrés Ocejo, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dio a conocer lo anterior, durante una conferencia de prensa, donde planteó la posición de este organismo empresarial ante diferentes tópicos: la regularización de los “autos chocolate”, la falta de crédito, la ausencia de un marco jurídico para regular las relaciones entre los fabricantes y los distribuidores, la Norma Oficial Mexicana 160 que trata la obligación de formalizar la compra venta de vehículos nuevos a través de un contrato de adhesión, la disminución de la rentabilidad de sus empresas y la política fiscal restrictiva en perjuicio del sector.
Por su parte, Alfredo Llorente, director de relaciones gubernamentales de AMDA, explicó que los “autos chocolate” tienen su origen en el contrabando rudo y el técnico; este último, por la ingreso temporal de hasta seis meses de los vehículos y la prolongación de la estancia de los mismos más allá de seis meses, así como los permisos a ciudadanos con residencia en Estados Unidos.
Falta voluntad política
El contrabando de vehículos se facilita por la ineficiencia, corrupción y escasez de recursos en el sistema aduanal mexicano, pero también por la ausencia de voluntad política de los diversos órdenes de gobierno para combatirlo.
Quienes se dedican al contrabando de vehículos saben que en México no existe, en los hechos, el registro público vehicular, que hay una política fiscal restrictiva para la adquisición de automóviles nuevos y usados, y que en nuestro país se carece de programas y estrategias que estimulen la distribución y comercialización de vehículos legales.
Los directivos de AMDA destacaron que el contrabando de vehículos “afecta a toda la cadena productiva de automotores: fabricantes de vehículos y autopartes, red de distribuidores y ramas y sectores económicos vinculados”.
Además de dañar el medio ambiente al no cumplir con las normas para emisiones de vehículos en circulación, los “autos chocolate” contribuyen al clima de inseguridad pública al participar en actos delictivos lo cual se hace más complejo al no existir un registro de los vehículos y sus poseedores.
Entre otras cosas, los “autos chocolate” alientan la ilegalidad y dividen a los mexicanos ya que millones de ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales mientras que otros disfrutan de la impunidad al evadir al fisco lo que merma la recaudación fiscal.
De acuerdo a un análisis de la AMDA, en los últimos 25 años se han aprobado 14 leyes de regularización para legalizar este tipo de vehículos y actualmente se discuten varias iniciativas de ley en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Dichas iniciativas y leyes tienen un denominador común: el supuesto impacto social a favor de los poseedores y el compromiso legislativo de que se trata de la última regularización.
El problema se agudiza cuando algunas “organizaciones” alientan el contrabando de vehículos prometiendo su regularización lo que han logrado por medio de presiones políticas, particularmente en periodos electorales, ya que la regularización de estos vehículos ha sido utilizada como bandera política sin considerar el daño que se le hace a la economía nacional.
Apertura total hasta el 2019
Hay que recordar que el proceso de apertura para la entrada legal de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá a México iniciará el primero de enero del 2009 cuando se podrán importar vehículos con una antigüedad de 10 años, la cual se irá reduciendo hasta el primero de enero del año 2019 cuando no habrá restricción alguna para la importación de autos usados a nuestro país.
Por lo anterior, la AMDA establece que “la posibilidad de adelantar la apertura total para la entrada a México de vehículos usados, prevista para el año 2019, no es la solución al problema de los “autos chocolate”, en virtud de que “no está en vigor el Registro Público Vehicular, no existe homologación de las regulaciones para automotores, en particular las ambientales, y no hay mecanismos eficaces para identificar vehículos ilegales de procedencia extranjera, que han participado en actos delictivos”.
La asimetría entre la economía de Estados Unidos y México es de tal magnitud que propicia el flujo de bienes de desecho hacia nuestro país, generando desequilibrios en el mercado interno, por lo que la importación ilegal de automotores, más que beneficiar a los mexicanos, daña la economía de sus familias. Su mantenimiento se encarece por la inexistencia de piezas y refacciones, la vida útil del vehículo se reduce, y se incrementa la contaminación, la ilegalidad y la corrupción.
Más información en Alianza Automotriz 311 febrero de 2005