En 2013 se aprobó la Reforma Energética misma que permitió la entrada de la iniciativa privada en la distribución de combustibles, la libre competencia le abrió las puertas a diversos proveedores que ofertan gasolinas y diésel de calidad.
Uno de estos competidores es Total. “Iniciamos actividades en el sector gasolinero en 2017, hicimos una planeación en el sector de las estaciones llegamos un poco más tarde”, recordó Cuauhtémoc Iñiguez, director adjunto de la Red de Estaciones de Servicio en Total México.
Una de las prioridades de la empresa fue planear y asegurar el suministro del combustible, luego definir a dónde querían llegar, en este tiempo se consolidó como un competidor importante, incluso sorteó con éxito las circunstancias adversas que dejó la pandemia por COVID-19, pues la marca mantuvo su crecimiento, sin embargo, una nueva problemática apareció en el horizonte.
El mes pasado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos”.
El documento propone que la “Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender de manera temporal los permisos expeditos en términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Este párrafo en particular preocupa a los analistas que señalan que este plan va en contra de las reglas de la Organización Mundial de Comercio y en contra de las reglas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), situación que pondría en jaque la credibilidad del gobierno mexicano.
De acuerdo con el capítulo 28 del T-MEC se debe “facilitar el comercio, la inversión y el crecimiento económico a través de la implementación de las prácticas gubernamentales para promover la calidad regulatoria”, y no cumplir con estas disposiciones pondrían al país en jaque, ya que enfrentaría diversas controversias y juicios internacionales.
En el tratado, México se comprometió a ofrecer certeza y seguridad jurídica a las inversiones privadas, así como preservar las condiciones de competencia en los mercados, y las modificaciones que propone el plan están en contra de las leyes antimonopolio y los principios de inversión extranjera.
El argumento del gobierno es que en la última década aumentó de forma significativa la importación de petrolíferos específicos.
Cuauhtémoc Iñiguez reconoció que las adecuaciones a las leyes, en cualquier país, son normales, y por el momento ellos están enfocados en el desarrollo y depende de los cambios se irán adaptando.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que la reforma, en caso de aprobarse, tendría repercusiones negativas para el sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos gasolina, diésel, gas natural se vería interrumpido.
“La iniciativa se presenta en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, puntualizó el IMCO.
*Al cierre de esta edición, la iniciativa se encontraba en discusión en el Congreso.
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