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Ley bioenergética

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 La Cámara de Diputados aprobó la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos (aún falta la del Senado), que permitirá usar en México combustible automotriz hecho a base de gasolina combinada con alcohol extraído del bagazo de la caña de azúcar.

De acuerdo con el dictamen legislativo, los principales objetivos de esta Ley son: robustecer al sector agrícola mexicano, reducir la dependencia de los hidrocarburos y abatir las emisiones tóxicas a la atmósfera. Además de dar cumplimiento al compromiso internacional adquirido por el gobierno mexicano de preservar el ambiente.

Esta iniciativa busca cumplir con las obligaciones que México ha adquirido en materia de cambio climático a saber: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto, que acaba de cumplir un año que fue firmado por México.

De acuerdo a los postulados del Protocolo de Kyoto, esta iniciativa de Ley propone el uso de un combustible amigable para el ambiente que estabilice los gases de efecto invernadero derivados del cambio climático, para cumplir con este acuerdo y mejorar la calidad del aire en las zonas metropolitanas del país.

Esta Ley ofrecerá varios beneficios, por ejemplo: si se reemplaza un 20 por ciento de la gasolina con alcohol etílico (etanol) en cinco años se ahorrará el consumo de todo un año. Además, cuando el etanol se usa como combustible, sus productos de desecho son agua y dióxido de carbono, de modo que el combustible puede usarse como oxidante de gasolinas.

Asimismo, en el Programa de Competitividad para la Industria Azucarera se tiene contemplado la construcción de dos plantas generadoras de etanol. Por lo pronto, productores cañeros de San Luis Potosí presentaron un proyecto para producir hasta 50 mil galones anuales de etanol. De esta forma, la industria automotriz podría convertirse en una importante “locomotora” para los productores cañeros mexicanos.

No hay que perder de vista que el objetivo princiapl del Protocolo de Kyoto y de la CMNUCC es conseguir una reducción de un 5.2 por ciento en las emisiones de gases del efecto invernadero globales sobre los niveles medidos en 1990, para aplicarlo desde su arranque hasta el 2012.

En este sentido, México está cumpliendo con lo que le corresponde, va por buen camino, aunque falta mucho camino por recorrer.

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