Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el titular de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, sostuvieron una reunión, en la que se aclaró que no habrá programa de emplacado, enmicado o registro vehicular a autos que no acrediten su estancia o internación legal en el país. Por lo que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), reconocieron la disposición del Gobierno Federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, para mantener ordenada la importación de vehículos usados.
Esto derivado del anunció que realizó el gobierno de César Duarte, en el cual ofrecería placas de plástico y engomados a vehículos usados internados ilegalmente también conocidos como ‘chuecos’ o ‘chocolate’ que circulaban por esa entidad de manera irregular, a lo que la AMDA y la AMIA, conjuntamente rechazaron esta medida, por lo que pidieron al gobernador de Chihuahua que cumpliera con los compromisos que firmó en 2012 con el Gobierno Federal para erradicar dicho problema.
“La industria automotriz celebra la oportuna intervención de la autoridad pero de forma especial al Secretario Luis Videgaray, titular de la SHCP y al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Aristóteles Núñez, para que las importaciones de vehículos usados se realicen con pleno respeto a las reglas vigentes, enfatizando que la Frontera se encuentra abierta para quién desee importar un vehículo pero al amparo de la ley”, afirmó Eduardo Solís, presidente Ejecutivo de la AMIA.
Al tanto, Guillermo Rosales, director General adjunto de la AMDA reiteró su llamado a los gobiernos estatales para que promuevan la renovación del transporte público como eje de la movilidad, además del comercio legal de vehículos ejerciendo sus facultades para impedir la venta de vehículos ‘chuecos’ o ‘chocolates’, así como la aplicación del Reglamento de Tránsito para no permitir la circulación de los mismos.
De esta manera, la AMDA y la AMIA valoran el esfuerzo realizado por el gobierno de Chihuahua para mantenerse el margen de políticas que trastoquen la legalidad.