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Taxistas Organizados de la Ciudad de México ponen plazo a la piratería

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Taxistas Organizados de la Ciudad de México establecieron un plazo de dos semanas para que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera actúe contra las 6 formas de pirataje detectadas, se les entreguen sus placas reportadas como robadas y detengan los abusos en su contra. De lo contrario, habrá movilizaciones, advirtieron.

Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación de Taxistas Regulares del DF, manifestó: “Resulta más ventajoso traer un taxi pirata que un taxi regular. El transporte concesionado tiene una calidad más alta, cuenta con seguro para el pasajero y tiene una carga fiscal de la que están exentos los piratas”.

Además,  Rodríguez alertó sobre la total impunidad con la que operan estas aplicaciones que no están reconocidas por la ley, que no cuentan con padrón, no ofrecen garantías reales sobre la protección del usuario y están fuera de la ley pues incumplen con todas las disposiciones normadas por el gobierno para prestar este servicio.

Por medio de su vocero, Daniel Medina, se quejaron del indiscriminado número de concesiones que llega a más de 140 mil, cifra que consideraron suficiente para cubrir la demanda de la ciudad. “Además de luchar día a día contra el abuso de quienes detentan la autoridad, para poder ganar el sustento diario y mantener nuestras unidades en las mejores condiciones posibles, también tenemos una competencia desleal en todos los demás “servicios piratas” protegidos por las autoridades.
Para incrementar el perjuicio en su contra que da la impresión de querer acabar con ellos para entregar el servicio a empresas extranjeras, Medina denunció las detenciones arbitrarias por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación, quienes remiten sus taxis al búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para acreditar la propiedad del vehículo por falta de placas, cuando han sufrido el robo de sus vehículos.

Los taxistas solicitaron al titular del GDF que gire instrucciones al Procurador para que los reciba y explique qué programa aplica para detener a sus compañeros por 12 horas o más.
Finalmente exigieron al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, terminar con todas las acciones que hoy día merman sus ingresos y solicitaron que envíe de inmediato a la Asamblea Legislativa una iniciativa para frenar la existencia de las aplicaciones como UBER y Cabify, que incumplen con los ordenamientos para el transporte de pasajeros, como lo han demostrado en otros países como Alemania, Francia, España y Colombia.

 

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