SEMA (Specialty Equipment Market Association) ha escrito una carta dirigida al presidente electro Donald Trump como parte del esfuerzo para convencer al próximo mandatario de poner fin a las regulaciones que parecen obligar la imposición de vehículos eléctricos, lo cual deteriora la economía de algunas empresas y afecta la decisión de compra de los clientes.
Esta carta fue realizada luego de que saliera un informe en el New York Times en el que varios de los fabricantes de automóviles más grandes del país están solicitando que el presidente electo mantenga la política de emisiones del tubo de escape de la Administración Biden-Harris, la cual elimina la imposición de vehículos eléctricos.
Y es que de acuerdo con el escrito, SEMA señala que de seguir con las imposiciones de estas normas, las empresas que fabrican elementos para automóviles de combustión interna se verían afectados:
“La regulación Advanced Clean Cars II de California y las normas multipolutantes para vehículos ligeros y medianos de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. para los años modelo 2027 a 2032 representan una crisis que cerraría negocios y dejaría a muchos estadounidenses sin empleo. Aproximadamente el 33% de las empresas representadas por SEMA fabrican productos específicamente para motores de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés). Si los mandatos actuales de vehículos eléctricos (o, dicho de otra manera, las prohibiciones de motores de combustión interna) se mantienen, se pondrían en riesgo más de $100 mil millones de impacto económico para Estados Unidos y más de 300,000 empleos automotrices estadounidenses”.
Además, SEMA menciona que estos mandatos son lo contrario a aquello que incentiva la economía del país:
“Los mandatos de vehículos eléctricos son la antítesis de lo que impulsa a Estados Unidos. Ya sea que estos mandatos lleguen en forma de estándares de emisiones de escape que solo se pueden lograr mediante la venta de vehículos eléctricos o exenciones que permiten a algunos estados imponer sus propios estándares a otros estados (como es el caso de los estándares de California que pueden adoptar hasta 16 estados), todos destruyen la libertad de los consumidores de elegir qué vehículos quieren o necesitan conducir. Si bien los vehículos eléctricos son parte de la solución para reducir las emisiones de carbono de las fuentes móviles, los mandatos privan a los innovadores de nuestro país de la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías y soluciones que reduzcan significativamente las emisiones de una manera que no perjudique a los consumidores y las pequeñas empresas automotrices. Perjudican nuestra economía, amenazan con sofocar el comercio interestatal y ponen en riesgo millones de empleos”.
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