La industria de la seguridad privada mexicana ha registrado en los últimos 12 años un importante crecimiento y se estima que trabajan para la misma más de un millón 500 mil personas; sin embargo, es necesario un reordenamiento del sector que es afectado por prestadores de servicios irregulares.
A juicio de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), la industria en general y en específico la del blindaje, necesita la pronta intervención de las autoridades debido a la alta proliferación de empresas que carecen de los permisos necesarios, calidad, seriedad y garantías posventa, lo cual “canibaliza” precios y la sana competencia.
Luego de que el equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto anunciará que el gobierno impulsará una nueva regulación de la industria de la seguridad privada, la AMBA coincide en que lo que falta es un reordenamiento, pues ésta se encuentra sobre regulada y en medio de controversias, principalmente por la falta de homologación en sus leyes y reglamentos.
A decir de Fernando Echeverri Posada, presidente de la AMBA, esta situación afecta a diversos segmentos de la protección privada, incluido el blindaje, ya que al no haber una uniformidad de leyes se cae con frecuencia en una doble o triple imposición tributaria, la cual encarece para el usuario final los productos y servicios.
La AMBA, organización que agrupa a las principales blindadoras del país y que ocupa el 60 por ciento del mercado nacional; buscará como organismo representativo los canales de comunicación con el nuevo gobierno federal, así como con el Senado de la República y la Cámara de Diputados a fin de colaborar en las iniciativas de leyes, reglamentos y normatividad de la industria para lograr su buen funcionamiento en beneficio de la sociedad, además de la oferta de capacitación y profesionalización constante de quienes participan en este sector.
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