El decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de enero, que permite la regularización de los autos ilegales que se encuentran en el país, fue calificado como innecesario e injusto por los representantes de la industria automotriz en México, pues es “una práctica nociva tolerar el contrabando automotriz”.
En conferencia de prensa conjunta, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA); José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y Virginia Olalde, directora de comercio exterior y estudios económicos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se mostraron unidos como industria para “atenuar el impacto negativo de la regularización de estas unidades”.
El decreto permite la regularización los “autos chocolate” con un pago de 2 mil 500 pesos y sólo confía en la “buena fe” de los usuarios que digan que cumplen con las condiciones de seguridad que pide la ley, es por eso que se mostraron abiertos a participar en una reglamentación que verifique a los vehículos que buscan ser regularizados.
“Sería verdaderamente lamentable que retomemos la práctica que se dio en 2006 y 2012, cuando se permitió la regularización de vehículos con reporte de robo, con vehículos que cuentan con declaratoria de no circulación en Estados Unidos y también que no tienen las condiciones mecánicas ni las satisface la normatividad ambiental”, recordó Rosales.
Para el representante de la AMIA, “regularizar lo ilegal afecta el estado de derecho a las inversiones y a las armadoras que ya se encuentran en el país”.
Por su parte, Alberto Bustamante, director general de la INA, indicó que la aprobación de la NOM 236 de especificaciones físico-mecánicas para vehículos en circulación, puede ayudar a evitar la circulación de “vehículos chatarra” en el país.
Cabe destacar que el decreto permite regularizar autos de ocho o más años anteriores en diez estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Nayarit.
El Decreto entró en vigor este mismo 19 de enero y estará vigente hasta el 20 de julio de 2022.
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