La industria automotriz nacional se estanca y no logra superar los niveles pre-pandemia.
La rotura en las cadenas de suministro, la falta de semiconductores, la inflación, así como la regularización de los vehículos ilegales afectan al mercado local, indicó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
A través de un comunicado de prensa, la AMIA señaló que al cierre del 2022 se registró una producción anual mayor que en 2021 en 9.2%, mientras que para este 2023 se estima un aumento de 6.6% contra el 2022. En cuanto a las exportaciones, se tuvo un cierre anual con un crecimiento de 5.9%, y para 2023, se espera un incremento de 7.2% con respecto al año anterior. Por lo que hace a las ventas domésticas de vehículos ligeros se incrementaron 7.0% al cierre de 2022 y se espera un crecimiento de 5.4%% para 2023.
Si bien la recuperación en la producción de semiconductores se mantiene, la escasez seguirá siendo un riesgo importante durante 2023, así como la posible recesión de la economía estadounidense y las regulaciones en el entorno financiero.
Entre los retos del sector para el 2023 esta la adopción de la electromovilidad, especialmente tras los compromisos ambientales que adquirió el país a nivel industria. Cabe destacar que la AMIA ha reiterado la necesidad de aplicar incentivos a la fabricación y uso de vehículos electrificados que permitan al país avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados en materia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Otro de los temas internacionales que es de gran importancia para la industria, y que trae grandes oportunidades a México, es el T-MEC. Si bien, en materia del dictamen sobre el panel de Reglas de origen -y a pesar de que será anunciado oficialmente hasta mediados de enero-, es muy probable que el fallo sea a favor de México y Canadá, permitiendo mantener la competitividad de la industria automotriz establecida en México.
Por otro lado, se mantiene la incertidumbre respecto al posible panel en materia energética, que traería consigo un riesgo en caso de emitirse una resolución contraria a la política energética de México que implicara sanciones económicas y represalias arancelarias que interrumpirían la cadena de valor de la industria automotriz en la región.
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