Guillermo Rosales, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), alertó que el límite a las deducciones fiscales podría comprometer la viabilidad de entre 20% y 30% de las distribuidoras de vehículos en México y poner en peligro unos 70 mil empleos.
Durante el Foro Automotor AMDA 2026, el dirigente explicó que se reunió con representantes del gobierno en una difícil mesa de diálogo, pues el nuevo esquema fiscal pone en riesgo a cerca del 30% de los distribuidores de vehículos.
De acuerdo con el directivo, la limitación de las deducciones contemplada en los cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) representa un riesgo para un sector que opera con márgenes de utilidad de entre 1% y 3% antes de impuestos. Bajo estas condiciones, señaló, las empresas podrían terminar pagando impuestos sobre utilidades que no existen.
“Estamos hablando que desde el Ejecutivo deben de considerar con toda la profundidad no generar un impacto que lleve a la quiebra a las empresas como las nuestras”, expresó Rosales al referirse a las consecuencias potenciales de la reforma.
El presidente ejecutivo de la AMDA estimó que, si las modificaciones fiscales se aplican sin ajustes, alrededor de mil distribuidores podrían enfrentar dificultades para continuar sus operaciones, con aproximadamente 70 mil empleos en riesgo, además de las repercusiones para la cadena de suministro y la industria manufacturera.
“El pilar de la economía mexicana sigue siendo la industria automotriz y nos están golpeando por diferentes flancos”, afirmó.
Explicó que el sector no sólo enfrenta el tema de impuestos, también los aranceles que vienen de Estados Unidos. “Estamos enfrentando aranceles al amparo de la fracción 232 en Estados Unidos y una de las alternativas más viables para poder no tener que parar líneas de producción es reorientar parte de los vehículos que no se están colocando en Estados Unidos, ampliando el mercado interno, fortaleciendo las redes de distribuidores.
Y que eso, por naturaleza de competencia y de crecimiento de la oferta, va vinculado justo a un modelo de negocio de bajo margen. Nos están cerrando y condenando a que un buen número de empresas con esta modificación fiscal pasen de una fase de pagos de impuestos, aunque para el gobierno represente poco pago de impuestos al ser de bajo margen, a la alternativa de tener que cerrar. Así se los dije esta mañana: ¿qué tanto están ustedes considerando que es el bajo impacto de esta decisión si no hay ningún cambio y no hay ninguna alternativa?”, cuestionó el dirigente.
En su reflexión hizo un llamado a las autoridades a que se emita un decreto que reconozca a las actividades de bajo margen y permita mitigar el impacto de los cambios fiscales, puntualizó que la comercialización de vehículos presenta condiciones particulares de fiscalización. Según explicó, entre 98% y 99% de las adquisiciones de un distribuidor corresponden a un proveedor principal, mientras que las operaciones de venta cuentan con comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), factores que, desde su perspectiva, limitan las posibilidades de abuso fiscal.
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