Taxistas Organizados de la Ciudad de México exigieron a las autoridades capitalinas aplicar las leyes vigentes y sancionar a los cerca de 50 mil vehículos pirata que transportan pasajeros en la capital del país sin contar con una concesión, y a los legisladores incrementar las penas de 6 a 10 años de prisión sin derecho a fianza y multa de mil días de salario para quienes ejerzan, promuevan o consientan el transporte ilegal de pasajeros, incluidos los funcionarios públicos.
Ignacio Rodríguez, vocero de la organización, denunció frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los acercamientos del secretario de Movilidad del DF, Rufino H. León, con los dueños de las empresas Cabify y Uber forman parte de la simulación gubernamental para beneficiar a quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros de forma ilegal, por lo que pidieron al titular de la SEMOVI que no se regularice a los servicios privados.
Rubén Alcántara explicó que actualmente el reglamento vigente, a través del artículo 260 establece sanciones con pena privativa de la libertar por tres a seis años y multas de 700 a mil días de salarios mínimos a quien dirija, organice, incite, induzca o patrocine a otros a prestar el servicio público de pasajeros o de carga sin contar con la concesión correspondiente; y el artículo 261 prohíbe el otorgamiento de concesiones o permisos para quienes han incurrido en esta clase de delitos; por lo que empresas como Uber y Cabify no tendrían derecho a solicitar este tipo de concesiones.
El vocero de las más de 20 organizaciones de concesionarios de taxis lamentó la total anarquía en materia de movilidad en la que vive la capital del país y la decisión del secretario Rufino León de no comprometerse, en espera de la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley de Movilidad para, hasta entonces, comenzar a actuar contra los taxistas ilegales.
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