El sector automotriz hizo un llamado al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, para que inhiba la introducción, comercialización y circulación de vehículos ilegales en su estado.
En una carta enviada al gobernador, cuyo acuse de recibo data al 7 de agosto del presente año, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señalaron que han detectado que su gobierno encabeza una propuesta para revisar el esquema actual de importación de vehículos usados al país, así como un programa para regularizarlos.
Los fabricantes y distribuidores de automotores del país llevan décadas lidiando con este tema, el cual señalan que es en detrimento de las ventas de unidades nuevas en suelo mexicano y que afecta también al mercado secundario de automotores. Desde años se ha documentado en investigaciones periodísticas que la importación de autos usados, cuya mayoría no cumplen con sus obligaciones fiscales ni con las condiciones físico-mecánicas para circular de forma segura, es impulsada por los gobernadores quienes ven en la importación de automotores una manera de premiar a pseudoempresarios que los apoyaron en sus campañas electorales.
“Nuevamente hemos encontrado sus declaraciones en medios de comunicación respecto a la petición al próximo Gobierno Federal para que se realice un programa de regularización de vehículos ilegalmente introducidos al país, premiando con ello los actos ilegales que contravienen el estado de derecho en nuestro país”, se expresa en la misiva.
Ambas asociaciones señalaron que desde el año pasado han manifestado su rechazo a la “regularización, matriculación, censo o esquema similar para vehículos introducidos ilegalmente al país ya que cualquiera de estos escenarios sería un incentivo a la ilegalidad y preservación de impunidad”.
Asimismo, refieren que desde entonces existe un convenio de colaboración para vigilar que la mercancía de procedencia extranjera cumpla con las obligaciones fiscales y aduaneras, además de realizar operativos para detectar y embargar vehículos que no acrediten con la documentación aduanera correspondiente. La carta finaliza con la solicitud de una reunión para dialogar sobre el tema.