Tras el otorgamiento de nuevos amparos para continuar con la introducción masiva de vehículos usados extranjeros a nuestro país sin el cumplimiento del pago de aranceles y reglas marcados en el Decreto para la Importación de Vehículos Usados, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) urgió al Gobierno Federal y jueces a impedir que vuelva a repetirse la misma situación que en 2009.
“Necesitamos el apoyo convencido del Gobierno Federal y de los Jueces y Magistrados para impedir que se sigan introduciendo vehículos usados sin cumplir los requisitos del Decreto, así como acelerar el establecimiento y ejecución de las normas de condiciones físico-mecánicas y de emisiones al medio ambiente que impidan que unidades que no cumplan con estas condiciones no puedan entrar a México”, afirmó Guillermo Rosales, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.
El vocero de la asociación de distribuidores comentó que continuarán trabajando en el seno del Consejo Automotor con las asociaciones del sector como AMIA, ANPACT, INA y ANCA, así como las diferentes instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo, para implementar las normas que mejoren las condiciones de las unidades usadas que pretendan ser introducidas a nuestro país.
“El Decreto emitido el pasado primero de julio por el Gobierno Federal tiene por objeto regular de forma más adecuada las importaciones de vehículos usados; no obstante los amparos que permiten la entrada a México sin cumplir los requisitos como Certificado de Origen o el pago correcto de los aranceles respectivos echa por la borda todo el esfuerzo institucional y lesiona seriamente a la economía nacional. Por ello, invitamos al Poder Judicial a que se sume a este esfuerzo no otorgando nuevas autorizaciones a empresas y particulares para continuar con su práctica desleal al comercio formal”, agregó Rosales.
El 22 de agosto de 2005, el Gobierno Federal publicó el Decreto que estableció las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, mejor conocido como ‘Chocodecreto’, el cual, a pesar de su endurecimiento de requisitos en 2008, ha permitido la introducción a México de más de seis millones de vehículos chatarra.