“La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos y canadienses desde este 4 de marzo, junto con la aplicación de medidas recíprocas a productos agrícolas a partir del 2 de abril, representa un retroceso en la relación comercial entre ambos países y una acción que vulnera la competitividad de Norteamérica, pues esta determinación, ya que contradice los principios del T-MEC y genera incertidumbre en los sectores productivos”, refirió la la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Esta decisión unilateral representa un retroceso en la integración productiva de la región, afectando la competitividad de las empresas y encareciendo los productos para los consumidores de ambos lados de la frontera, señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente de COPARMEX.
A través de un comunicado de prensa, los agentes aduanales reafirmaron su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comprometiéndose a trabajar junto con el gobierno y los sectores productivos para encontrar soluciones.
“La colaboración entre el sector privado y el gobierno es indispensable. Mientras las empresas impulsan la innovación, la generación de empleo y la competitividad, el gobierno debe garantizar estabilidad, infraestructura, incentivos y un marco regulatorio eficiente. En definitiva, o trabajamos juntos y coordinados, o no fortaleceremos a México”.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) manifestó su disposición para construir estrategias que nos permitan afrontar los retos de esta coyuntura”, destacó Miguel Cos Neblett, presidente de la CAAAREM.
El golpe arancelario afectará sectores clave como la industria automotriz, electrónica y agrícola, con consecuencias que van desde la pérdida de empleos hasta la presión sobre el tipo de cambio y la inflación. “El comercio no es el problema, sino parte de la solución”, advirtió Sierra Álvarez, quien instó a buscar alternativas de mercado en Europa, Asia y América Latina.
Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer el mercado interno, garantizar certeza jurídica y asegurar un suministro energético confiable. También urgieron al gobierno mexicano a utilizar los mecanismos de resolución de controversias del T-MEC para impugnar los aranceles y entablar un diálogo firme con Estados Unidos.